GOBIERNO | Pasará después al
Congreso
Se duplicarán las multas por
conducir bajo el efecto del alcohol
La decisión sobre el casco
en la bicicleta se resolverá en el Parlamento
El Consejo de Ministros dará
hoy luz verde y enviará al Congreso la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad
Vial que, entre otras cosas, permitirá subir la velocidad a 130 kilómetros por
hora en algunos tramos de autovía y autopista e incrementar de 500 a 1.000
euros la multa por alcoholemia.
Si se cumplen las
previsiones del Ministerio del Interior, la reforma podría entrar en vigor una
vez aprobada por el Parlamento. Tras este trámite, comenzará el nuevo
Reglamento de Circulación, que deberá incorporar algunas de las medidas de la
reforma de la Ley de Tráfico para estar vigente en primavera.
Probablemente la reforma que
más polémica ha generado, y que se incluye en el proyecto de ley, es la
obligación de que los ciclistas utilicen casco en vías urbanas. Actualmente es
sólo obligatorio en carretera. La medida ha causado el rechazo de asociaciones
de ciclistas y algunos ayuntamientos. El anteproyecto de la reforma incluye la
obligatoriedad del uso del casco en ciudad "en cualquier caso para los
menores de 18 años", aunque esa obligación podría ampliarse posteriormente
a todas las edades, ya que el borrador de reforma del Reglamento General de
Circulación en el que está trabajando el Gobierno en paralelo a la reforma de
Ley prevé que todos los ciclistas tengan que usarlo.
Desde que arrancó el curso
parlamentario, la Comisión de Seguridad Vial del Congreso está debatiendo la
medida y escuchando a expertos para fijar un criterio. Hasta el momento han
pasado por la comisión asociaciones de ciclistas, fabricantes de bicicletas, la
Red de Ciudades por la Bicicleta, ciclistas profesionales y expertos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que han mostrado su oposición a que se
obligue a usar casco en ciudad porque podría desincentivar el uso de este
vehículo.
El exciclista y
representante de Ciclistas Profesionales Perico Delgado, que intervino en la
comisión el pasado 25 de septiembre, se opuso a la medida porque sería
"crear un problema donde no lo hay", en lugar de fijarse "en lo
que se hace en países del entorno". Además, opinó que para reducir los
accidentes lo más útil sería "estimular" el uso de la bicicleta, ya
que "cuantas más ciclistas haya en las carreteras, más seguro será".
Desde los fabricantes de
bicicletas, el secretario general de la Asociación de Fabricantes y Marca de
Bicicleta (Ambe), Carlos Núñez, indicó que la medida "puede ocasionar una
daño irreparable" a un sector que emplea a 14.000 personas y pidió que
"no se envíe un torpedo a la línea de flotación" de la industria, al
imponer una medida que no ha demostrado que reduzca los accidentes.
Por su parte, la directora
de Tráfico, María Seguí, que fue la que propuso llevar el debate al Congreso,
aseguró en mayo en esa comisión que no tiene "ninguna duda respecto del
efecto beneficioso" de la medida. Así, en distintas ocasiones ha defendido
que los beneficios del uso del casco en ciudad son "incuestionables",
así como la "evidencia" científica que existe sobre la eficacia de
esta medida a la hora de "reducir las lesiones".
La reforma de la Ley de
Tráfico incluye pruebas de drogas y alcohol a los peatones que infrinjan normas
de circulación y no solo a aquellos que sean víctimas o copartícipes de un
siniestro. Además, el texto prohíbe el uso de detectores de radar y regula los
sistemas de retención infantil, que pasan de un sistema de edad a uno de talla,
con una previsión de 135 centímetros, salvo excepciones.
También deja preparado el
anexo que incluirá el futuro reglamento con los nuevos límites de velocidad,
toda vez que la pretensión de la Dirección General de Tráfico es aumentar el
máximo a 130 kilómetros por hora en determinados tramos y condiciones de
autovías y autopistas y rebajarlo en las carreteras convencionales e, incluso,
en algunas calles de las ciudades.
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