Perfilada
en 2011 por el Gobierno de Nicolas Sarkozy y refrendada luego por su sucesor
Francois Hollande, la
normativa empezó a ser efectiva desde el 1 de julio pasado, aunque con un
periodo de carencia en las multas de seis meses, hasta noviembre. No obstante,
antes de que llegara esa fecha, se anunció un retraso en la implantación del
régimen sancionador hasta el 1 de marzo de este año que, ahora, no entrará en
vigor definitivamente.
En
principio, esas multas iban a ser de 11 euros, más la pérdida de un punto del
carné y para evitarlas, el conductor podía optar por diferentes tipos de
etilómetros homologados: desde el desechable de un sólo uso a 1 o 3 euros hasta
el electrónico que sirve para 500 controles por 100 o 200 euros, aunque desde
el primer momento se produjeron graves problemas de suministro.
Ahora,
según ha comunicado la asociación de transportistas Fenadismer, el ministro
francés de Interior, D. Manuel Valls, confirmó que se deroga la medida «en
razón de las dificultades de fiabilidad y de aprovisionamiento de los
etilómetros».
En
este punto, la asociación señala la incapacidad de los fabricantes de dichos
aparatos (situados principalmente en China y el Norte de África), para
abastecer la demanda, ya que a la local se sumaba la de todos los conductores
extranjeros. Una situación que, además, dio lugar a abusos por algunos
establecimientos, que llegaron a quintuplicar los precios de venta.
La
decisión, no obstante, será sometida en próximas fechas a consulta del Consejo
Nacional de Seguridad Vial y de las asociaciones de conductores y de víctimas
de la carretera.
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